Por Alexis Shanes, Law360 (12 de enero de 2021 7:12 PM EST) – Un trío de custodios de la iglesia presentó una propuesta de acción colectiva y de clase contra la Arquidiócesis de Nueva York, acusando a una parroquia de Harlem de expulsar a todos sus trabajadores hispanos y tratar de hacer que algunos de ellos se echen de su casa.
En una denuncia presentada el lunes en la corte federal de Nueva York, Nicolás Guadalupe Ramírez y Estela Rocío Ramírez, quienes están casados, junto con Rosalinda Rosales, también acusaron a la arquidiócesis y la parroquia de violar las leyes estatales al negarles indemnizaciones por despido y declaraciones de salarios.
“Aunque los demandantes, junto con sus compañeros de trabajo hispanos, eran fieles feligreses y empleados dedicados, la iglesia y la arquidiócesis muestran poca preocupación por su sustento, especialmente en medio de una pandemia donde las oportunidades laborales son escasas”, dijo el trío en la denuncia.
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Sin embargo, gran parte de la supuesta discriminación llegó a un punto crítico después de que la pandemia se apoderó de Nueva York la primavera pasada.
En febrero de 2020, el director de finanzas de la arquidiócesis supuestamente intentó desalojar a la familia Ramírez de la casa en la que vivían en la propiedad de la iglesia. La residencia estaba destinada a los custodios de la iglesia y los Ramirez habían vivido allí durante más de 20 años, según la denuncia.
Ese mes de mayo, el director le dijo a Guadalupe Ramírez que el pastor parroquial le daría a la familia $ 10,000 para mudarse antes de fin de mes, según la denuncia.
Aproximadamente una semana después, el director amenazó con cambiar las cerraduras de la casa y echar a la familia Ramírez a las calles si no aceptaban la oferta, alegaron los demandantes.
En julio de 2020, el director “despidió sumariamente” a 13 trabajadores parroquiales, dejando solo un empleado hispano que ya estaba programado para irse el mes siguiente, según la denuncia.
A tres trabajadores, dos negros y uno blanco, se les permitió regresar, dijeron los demandantes.
Pero a ninguno de los trabajadores hispanos, incluido uno despedido en febrero de 2020, se les permitió recuperar sus trabajos, alegaron los demandantes, a pesar de que St. Joseph obtuvo fondos de personal del Programa federal de protección de cheques de pago.
La comunidad de habla hispana de la parroquia se quejó de los despidos al párroco, según la denuncia. Su respuesta fue, “con una llamada, el pueblo hispano se irá de la Iglesia de San José”, alegaron los demandantes, lo que dejó a los feligreses hispanos “asombrados”.
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Los portavoces de la arquidiócesis y la parroquia no respondieron de inmediato el martes a las solicitudes de comentarios. Un abogado de los demandantes tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Los demandantes están representados por John Troy y Aaron Schweitzer de Troy Law PLLC.
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El artículo apareció por primera vez en la Ley 360.